TY  - BOOK
AU  - Manotas Lázaro,Efraín Andrés
AU  - Hernández Camargo,Sindy Sugey
AU  - Mora Muñoz,Medardo de Jesús
AU  - Palencia Sánchez,Katia
TI  - La eficacia de la conciliación prejudicial administrativa en los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, controversias contractuales y reparación directa en la Ciudad de
Sincelejo, Sucre  / 
PY  - 2019///
CY  - Sincelejo : 
PB  - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, 
KW  - Rendimiento
KW  - armarc
KW  - Conciliación prejudicial
KW  - Eficacia
KW  - Medios de control
N1  - Trabajo de grado; Ávila, M. Á. (2016). Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso-administrativo.
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Decreto 1818 de 1998. Recuperado de
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N2  - La conciliación prejudicial administrativa se estableció como requisito de obligatorio
cumplimiento para acudir al aparato estatal de justicia administrativa, el legislador la plasmó en el
ordenamiento jurídico colombiano como mecanismo alternativo de solución de conflicto, donde
dos o más partes pueden amistosamente arreglar sus diferencias ante un tercero neutral llamado
conciliador. Se pretende con esto la rapidez y efectividad de derechos fundamentales, así como
también asegurar la aplicación del principio de economía procesal, llevando con esto a la
descongestión de los despachos judiciales y la consagración del derecho al acceso a la
administración de justicia. Lastimosamente este mecanismo alternativo no ha cumplido con su
objetivo primordial que es finiquitar mediante acuerdo amistoso un conflicto existente entre la
administración y el particular, negativa de conciliar que no se sabe a ciencia cierta, pero las
estadísticas demuestran un panorama no muy alentador sobre el tema, requisito que en vez de un
beneficio se ha convertido en un obstáculo para quien pretenda demandar a la administración.; It is known that the administrative prejudicial conciliation is a requirement of mandatory
compliance to access the state apparatus of administrative justice, the legislator introduced into the
Colombian legal system as an alternative mechanism of conflict resolution, where two or more
parties can amicably settle their differences before a neutral third party called a conciliator. This
is intended to speed and effective fundamental rights, as well as ensure the application of the
principle of judicial economy, leading to the decongestion of judicial offices and the consecration
of the right to access to the administration of justice. Unfortunately, this alternative mechanism
has not fulfilled its primary objective which is to finalize by friendly agreement a conflict between
the administration and the individual, refusal to reconcile that is not known for sure, but statistics
show a not very encouraging picture on the subject, a requirement that instead of a benefit has
become a stone in the shoe for those who want to sue the administration

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